Un día como hoy en la Iglesia

Carlos V llevaba décadas intentando resolver un problema que se hacía cada vez más grande.

Era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y católico. Pero dentro de sus propios territorios, cada vez más príncipes estaban abrazando las ideas de Martín Lutero.

Aquello ya no era solamente una discusión sobre teología.

Si un príncipe se hacía luterano, ¿qué ocurría con sus súbditos? ¿Y con las propiedades de la Iglesia? ¿Podía el emperador obligarlo a volver al catolicismo? La ruptura religiosa estaba alterando también el equilibrio político del Imperio.

Carlos V intentó recuperar la unidad. Hubo reuniones, negociaciones y también guerra. En 1547 consiguió una importante victoria militar sobre los príncipes protestantes.

Pero ganar una batalla no resolvió el problema. El luteranismo ya estaba demasiado extendido para desaparecer por decreto.

Finalmente, las negociaciones desembocaron el 25 de septiembre de 1555 en la Paz de Augsburgo.

La solución era incómoda, pero decisiva: el Imperio reconocía jurídicamente la coexistencia de territorios católicos y de territorios adheridos a la Confesión de Augsburgo, es decir, al luteranismo reconocido por el acuerdo.

De aquel arreglo suele recordarse la fórmula cuius regio, eius religio: aproximadamente, “de quien es el territorio, es la religión”. En la práctica, el gobernante determinaba la confesión de su territorio, y quienes no quisieran vivir bajo ella podían, bajo determinadas condiciones, marcharse.

No era libertad religiosa como la entendemos hoy. Tampoco era reconciliación. Y ni siquiera incluía a todos los protestantes: los calvinistas quedaron fuera.

Era algo más incómodo: el reconocimiento de que ninguno de los dos bandos había conseguido hacer desaparecer al otro.

La Paz de Augsburgo contuvo el conflicto durante un tiempo, pero dejó preguntas abiertas. En el siglo siguiente, varias volverían a estallar durante la devastadora Guerra de los Treinta Años.

La división religiosa de Europa ya no era una crisis pasajera. Había cambiado el mapa del continente.

En 1969 la reforma litúrgica pedida por el Concilio Vaticano II estaba entrando en una fase decisiva.

Pablo VI había promulgado un nuevo Ordo Missae —el orden según el cual se celebra la Misa— que debía entrar en vigor ese mismo año. Para muchos era la concreción de una reforma esperada. Para otros, algunos cambios planteaban preguntas serias.

Dos cardenales decidieron llevar esas preguntas directamente al papa.

El 25 de septiembre de 1969, Alfredo Ottaviani y Antonio Bacci firmaron una carta a Pablo VI para presentar un documento conocido después como el Breve examen crítico del Novus Ordo Missae. El estudio había sido preparado por un grupo de autores y cuestionaba diversos aspectos del nuevo rito y de la introducción que lo acompañaba.

La objeción no era simplemente que la Misa “se viera diferente”. Sus autores sostenían que determinadas formulaciones podían expresar con menor claridad elementos centrales de la teología católica de la Eucaristía: el carácter sacrificial de la Misa, la presencia real de Cristo y la función propia del sacerdote.

Era, por tanto, una discusión sobre lo que los signos y las palabras de la liturgia comunican acerca de lo que la Iglesia cree.

Pablo VI no retiró la reforma. El documento fue examinado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que formuló críticas severas al Breve examen, y en noviembre el papa dedicó audiencias a explicar el sentido de la nueva celebración. El propio Ottaviani manifestó después satisfacción con aquellas aclaraciones, aunque mantuvo que habían existido perplejidades legítimas.

El episodio permite ver algo que las cronologías suelen esconder: una reforma de enorme alcance no pasó del texto conciliar a la vida cotidiana de la Iglesia sin discusión. Hubo desacuerdos reales sobre cómo aplicar el Vaticano II y sobre la mejor manera de expresar la continuidad de la fe católica en una liturgia reformada.

Parte de aquella discusión sigue resonando hasta hoy.